Con la llegada de Internet el mundo ha tenido que adaptarse y transformarse año tras año a una velocidad de vértigo, las nuevas tecnologías parecen jugar con los derechos ciudadanos y siempre se las arreglan para generar nuevos debates y vacíos legales que se necesitan cubrir. Es el caso de lo que conocemos como derecho al olvido que no es más que el poder que tiene una persona sobre sus datos personales y la capacidad de decir a un tercero si quiere que siga apareciendo en motores de búsqueda de internet.

El derecho al olvido fue reconocido en mayo del 2014 por el Tribunal de Justicia Europeo, en el cual se establece que tanto particulares como empresas pueden exigir a los motores de búsqueda de Internet, como lo son Google, Yahoo, Bing entre otros, que retiren de sus resultados cierto tipo de información que por supuesto no sea de interés público o se consideren falsas.

Por supuesto, el gigante de los motores de búsqueda es Google, y por tanto ha sido quien ha recibido en los últimos tres años la mayor cantidad de exigencias por parte de los usuarios, sólo en Europa se han efectuado 655.456 solicitudes, de las cuales 65.000 provienen de España lo que corresponde a un 10% de las peticiones.

La pregunta es, ¿es Google el verdadero responsable de arrojar ese tipo de resultados?, la respuesta es no, ya que el motor de búsqueda funciona bajo un algoritmo que ubica la “mejor respuesta” a lo que se solicita entre los millones de páginas que inundan la web, en pocas palabras, cada solicitud de eliminar algún dato en los resultados de Google afecta directamente un sitio web y en las 65.000 peticiones se han visto afectadas 2.439.999 URLs.

Cabe destacar que el proceso jurídico para efectuar el reclamo no es tan sencillo como parece, de hecho, se debe demostrar que la información que se desea eliminar es falsa, está desconectada con la realidad actual, se obtuvo de forma ilícita o no tiene que ser publicada sin el consentimiento del titular, en pocas palabras se debe pleitear el caso para conseguir el objetivo.

Según los datos y las estadísticas que arrojaron esas 65.000 solicitudes, la principal razón por la cual se pide que retiren resultados de Google es la información profesional, representando cerca del 25% del total, seguidos por los contenidos generados por el propio usuario en un 7,7% y el 6,1% desea ocultar sus crímenes de la búsqueda.

Los usuarios particulares son los mayores demandantes de este derecho, la media en Europa del 88.7% y en España asciende al 90.3% de los casos, el 10% restante se reparte, a su vez, entre menores de edad en un 40% de los casos, un 21% de empresas, un 21% de administraciones públicas o cargos políticos y un 14% de figuras públicas o famosos.

Por su parte, cerca del 30% de las peticiones que se recibieron desde el 2014, solicitan la eliminación de contenido en redes sociales o servicios de directorio, lo que significa que se trata de información de contacto en su mayoría, probablemente muchas personas se cansaron de esos medios digitales que hoy en día parecen tener el control de información de millones de personas y decidieron borrar su rastro en internet.

Otro 21% de las solicitudes, estaban relacionadas con medios de comunicación y sitios web gubernamentales, seguramente eran en el caso de sitios web de noticias información de casos que ya no tenían valor de interés público o que perjudicaban directamente a una empresa o individuo por un hecho que ya se había cerrado a nivel legal, pero que sin duda todavía afectaba su vida personal o profesional.

En el caso de páginas gubernamentales, la mayoría debe hacer referencia a listados de morosidad, los cuales si no se actualizaban o cambiaban de estatus seguían señalando a alguien de forma negativa, incidiendo directamente en las investigaciones de otras entidades financieras.

Es así, como se ve entonces, el derecho al olvido es una necesidad en la sociedad actual, y que cualquier tipo de información puede perjudicar directa o indirectamente a un ciudadano. Si no dio el consentimiento de que utilizarán su información personal o algún dato particular, puede ejercer su derecho y denunciar el sitio que utilizó ese contenido.

El Nuevo Reglamento de Protección de Datos será determinante en las nuevas operaciones y solicitudes para ejercer el derecho al olvido, hasta ahora no ha entrado en vigencia, pero la cuenta atrás ya está llegando al límite y en mayo las empresas deberán cuidarse mucho más para no perturbar la protección de datos de personas naturales y jurídicas sobre el uso correcto de sus datos.

No se puede desdeñar la importancia de la nueva normativa, igual para todos los ciudadanos de la UE, que consagra los derechos a conocer, rectificar, suprimir o manejar tus propios datos en los registros en que se encuentren. Es lo que, por el momento, se entiende como derecho al olvido, la opción de que los datos de alguien puedan ser suprimidos cuando ya no sirvan para la finalidad que fueron recogidos, o simplemente porque no se tiene el consentimiento de su titular para utilizarlos o se hayan logrado de forma ilícita.

En fin, desde TIC segura aconsejamos a las empresas a apretar el acelerador, las exigencias de la nueva normativa cambiarán el tipo de demanda respecto al derecho al olvido y si no se está preparado o adaptado correctamente el castigo será un ejemplo para apretar tuercas en el sector, sobre todo en el apartado de las PYMES que cuentan con menos recursos y se les complica más avanzar en el tema.