En los últimos post de nuestra página TIC Segura hemos tocado el tema de la revolución 4.0, o la nueva revolución industrial, aquella que se basa en las nuevas tecnologías, específicamente en las de información y comunicación. Nos parece oportuno el momento para hablar sobre los derechos digitales, que no son más que los mismos civiles, llevados a un plano virtual, teniendo Internet como protagonista principal.
Cada día millones de personas se sientan frente a un ordenador, tablet o smartphone y realizan cualquier cantidad de operaciones digitales, desde subir una fotografía a una red social, hasta concretar un acuerdo comercial con una empresa en el extranjero. Todas estas relaciones e intercambios de información realizados entre entes digitales y personas deben tener algún tipo de regulación, de hecho, existen una serie de normas y leyes que protegen ciertos intereses del usuario ordinario.
Pero aún falta dar ese paso final, para lograr definitivamente asentar los derechos digitales en una sociedad, que, a pesar de adaptarse a gran velocidad a las nuevas tecnologías de vanguardia, tiene esa deuda pendiente a la hora de darle la importancia requerida a la hora de buscar un internet libre, seguro, neutro y abierto.
Desde el punto de vista del usuario en general, hay que poner atención en derechos generalizados como la libertad de expresión, la privacidad, inclusión digital y la diversidad del acceso a internet, junto con otros fenómenos o aspectos jurídicos que surgen en el nuevo entorno. Parece que el momento es ahora, dejar pasar más tiempo sin tomar medidas, es correr el riesgo de que la tecnología nos supere y se pierda el control.
Sin embargo, no se puede pretender dar un golpe jurídico de forma brusca, debe ser un proceso progresivo e inteligente, un ejemplo de ello es la nueva norma de protección de datos, la ley busca estabilidad, una característica que viene muy bien en el medio.
Uno de los factores fundamentales a la hora de pensar en derechos digitales es el acceso a internet, el cual debe convertirse en la base de todo, ya que partiendo del libre acceso nacen el resto de obligaciones. Partiendo de esta premisa no queda más que invertir a nivel de estado en llevar Internet al 100% de la población, a sabiendas de que muchos sectores rurales no cuentan con la infraestructura de conexión.
Por otra parte, la educación al ciudadano debe ser continua, hay que crear conciencia ciudadana de los derechos digitales, una gran parte de la población no tiene interés o no considera relevante el tema, sin saber realmente cómo puede afectarle el entorno global digital, la acción por supuesto debe ser práctica e interactiva, un sistema que deje ver las ventajas y riesgos de las nuevas tecnologías.
Otro punto muy delicado es la estabilidad temporal de las normas aplicadas, hemos visto como normas digitales se vuelven obsoletas en cuestión de años, las nuevas leyes deben atender necesidades generales y no específicas, legislar de forma clara y que dure en el tiempo. Pero no es suficiente con tener la ley, sin tener el mecanismo de participación y ejercicio de los derechos por parte del ciudadano, el usuario tiene que hacer sonar su voz e involucrarse de forma directa en la adaptación social.
Sin embargo, para llegar al punto óptimo, no es necesario desechar todas las normas existentes y partir desde cero, hay que estudiar qué sirve, cuáles son las deficiencias actuales y cómo proyectar lo que se tiene hasta ahora para llevarlo a un plano práctico.
Finalmente hay otros dos aspectos clave para implementación de derechos digitales en la sociedad actual, por un lado, el trabajo conjunto de derecho y tecnología, abogados y tecnólogos unidos por un fin común; por otro lado, llevar este trabajo colaborativo a un nivel global, el mundo digital está en todas partes, por lo que su regulación también debe pasar cualquier frontera.
Desde TIC Segura concluimos entonces, que los derechos digitales deben funcionar igual a aquellos que figuran en un entorno real, si bien podemos separar los conceptos de ciudadano digital u ordinario, una sola persona los representa ambos, y como individuo debe velar por sus intereses y ejercer sus derechos, así como cumplir las obligaciones pautadas en una norma.